PROPUESTAS PARA UN CONTROL EFECTIVO DE LOS DAÑOS DEL JABALÍ

Venimos trabajando desde hace unos años con unos protocolos acordados entre la administración, agricultores y cazadores, con los cuales tratamos de paliar los problemas generados por los daños del jabalí en los cultivos (maíz, patatas, castañas, viñedos, etc.…). Protocolos que se revisan cada año justo antes de que comience la época de daños. Pero parece que esa hoja de ruta que hasta la fecha había servido para ir poniendo paños calientes sobre la herida abierta en el rural, ya no tienen el efecto cauterizador de antaño y más bien empiezan a producir una acusada irritación.

Quizás sea el momento de hacer un alto en el camino y replantearse lo que estamos haciendo, puesto que los síntomas que presenta esta enfermedad manifiestan que el tratamiento que estamos aplicando no sirve para solucionar el problema; o al menos es la sensación que tenemos desde UNITEGA.

En esta inestable mesa de tan solo tres patas, es cada vez más evidente que dos de ellas están enfrentadas entre sí y que la tercera está mirando para otro lado. Somos los agricultores y los cazadores los que tenemos que ponernos delante del problema, mientras que la Administración no está dispuesta a reconocer que lo que funcionó hasta hace bien poco, ahora ya no nos sirve. Y del famoso “fondo de corresponsabilidad” de la Ley 13/2013, ya hemos dejado todos de preguntar, puesto que ni está ni se le espera. Fue un canto al sol para quedar bien de cara a la galería y poco más.

Lo que si es cada vez más evidente es que el agricultor de Galicia va reduciendo año a año la superficie que cultiva, entre otras causas, por la desesperación que le produce encontrarse los frutos derramados por la acción del jabalí. De seguir así, dentro de pocos años no vamos a encontrar una finca o un huerto en producción; y eso no puede ser bueno para nadie. Así que, si de verdad queremos defender el rural, tenemos delante la oportunidad perfecta para empezar a hacerlo con este grave problema.

LA CAZA SOCIAL Y LOS DAÑOS
Como colectivo que practica la caza social, las Sociedades de Cazadores de Galicia se caracterizan por contar entre sus filas con muchos de esos agricultores que sufren los daños de la fauna silvestre cinegética, por lo que parece evidente pensar que la búsqueda de soluciones al problema se antoja cuanto menos más fácil que si ambas partes no tuvieran una relación tan estrecha como tienen. Y debe ser ese nexo de unión el que debe impulsar la búsqueda de soluciones al problema, dada la impasividad manifiesta de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, que solo hecha el resto cuando se trata de un año de elecciones, como fue el pasado 2016. Puesto que son los Servicios Provinciales de Conservación da Natureza los que tienen que dar la cara ante agricultores y cazadores, mientras sus superiores parece que no quieren salir de la tranquila y relajada “zona de confort” en la que se han instalado desde hace un tiempo a esta parte.

Por una parte, dentro de nuestro colectivo llevamos unos años escuchando como algunos dicen que el jabalí está en franco retroceso y que en algunos lugares está cercano a su desaparición. Es evidente que lo que estamos tratando aquí no afectará a esas zonas, donde quiera que estén, pues los daños que en ellas se puedan producir, con esos planteamientos de base, deberían ser por pura lógica, muy escasos; por lo que podrían continuar con los protocolos actuales sin mayores problemas. Así que nos vamos a centrar solo en esa otra parte de Galicia, donde el jabalí prácticamente cría todo el año, no está en peligro de extinción y es el dolor de cabeza diario de nuestros agricultores. 

¿Estamos gestionando correctamente el problema de los daños? Pues parece evidente que no lo estamos haciendo bien, cuando nadie está contento. Entre otras cosas porque la gestión que venimos aplicando es “curativa”, por no decir paliativa. Es decir, que solo aplicamos medidas una vez que el daño se ha producido y se ha comunicado a la Administración o a las Sociedades de Cazadores. En eso se basan los protocolos actuales de actuación. 

Cuando hablas con los responsables de las Sociedades de Cazadores que se enfrentan al problema de los daños con una cierta continuidad en el tiempo, es bastante habitual que te comenten que ellos serían capaces de buscar soluciones preventivas al problema, pero que el actual marco legislativo les impide cualquier iniciativa de ese tipo. Es decir, que hemos sido capaces de elaborar una legislación que no ayuda a solucionar el problema, sino a mantenerlo en el tiempo. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS VEDADOS
Para empezar, tenemos un elemento de gestión en todos los Tecores de Galicia que cada vez parece tener menos sentido, al menos para las especies de caza mayor; se trata de los vedados. Superficies que deben superar el 10% de cada Tecor y en los que, con la legislación actual, no se puede cazar durante dos largos años. Cierto es también que ahora se permite gestionar las poblaciones en ellos cuando se producen daños, pero en la práctica, es cuando menos contradictorio que ofrezcamos zonas de refugio a los causantes de los daños, esperemos a que los produzcan y después les eliminemos. ¿A caso tiene eso algún sentido, incluso desde un punto de vista conservacionista?

La situación de rural en la actualidad nada tiene que ver con la que había en el año 1997 cuando salió a la luz la primera Ley de Caza de Galicia, pues fue en esa ley donde se estableció la obligatoriedad de esos vedados y su duración por dos años. En la nueva Ley del año 2013 se eliminó del texto la obligatoriedad de que duren dos años, pero mientras no se apruebe un nuevo Reglamento de caza en que se diga lo contrario, seguimos obligados a vedar dos años.

¿Pero realmente son necesarios los vedados de jabalí en Galicia con la situación que vivimos? Es más que evidente que para esa parte de Galicia donde el jabalí cría todo el año, no está en peligro de extinción y es el dolor de cabeza diario de nuestros agricultores, carecen de sentido alguno. Así que, para empezar, deberíamos replantearnos seriamente la figura de los vedados, porque quizás sea mejor dejarla exclusivamente para las especies de caza menor, y permitir practicar con normalidad la caza mayor en los mismos, como en el resto de superficie del TecorDe esta forma evitaremos también que nuestros agricultores maldigan a nuestros progenitores cada vez que nos ven colocar las chapas de “vedado de caza” en las parroquias donde ellos viven y tienen sus cultivos y huertas; a sabiendas de la larga “pena” que les acabamos de imponer. Una dura condena de veinticuatro meses y un día, pues los daños en esas zonas vedadas suelen ser más elevados de lo normal y, por otra parte, tocará a todos vérselas con la Administración para que autorice esa famosa “gestión de las poblaciones”, previa solicitud y comprobación de los daños, como no podía ser de otra manera. 

En este asunto de los vedados, no parece que sea tampoco solución reducir en el Reglamento de Caza de dos a un año el tiempo de veda para las especies de caza mayor, por lo que seguramente la citada norma verá la luz adoleciendo ya del mismo mal congénito que arrastramos desde el año 1997. Debatamos sobre los vedados entre cazadores, agricultores y Administración, pues es del todo necesario decidir si mantenemos este problema o lo eliminamos de raíz.

LOS PROTOCOLOS HAN DEJADO DE SER EFECTIVOS
En lo que se refiere a los actuales protocolos de actuaciones, decíamos que eran acciones posteriores al daño y nunca medidas preventivas. Además, comienzan con la realización de esperas, para ir pasando por dos pasos más hasta llegar a la autorización de una batida con armas. Cuando se elaboraron estos protocolos, todos estábamos de acuerdo en que las esperas parecían ser el método más efectivo para solucionar el problema, pero después de varios años aplicando el protocolo, los resultados nos han demostrado todo lo contrario. 

Y es que no superamos el 10% de efectividad en dichas esperas, o lo que es lo mismo, la media dice que hace falta realizar, al menos, diez esperas para abatir un jabalí. Si a eso le sumamos la peligrosidad intrínseca que esta modalidad tiene y que se trata de una acción demasiado puntual, en comparación con las otras alternativas, pues resulta evidente que nuestros agricultores no quieran ni oír hablar de ellas, y piensan que es más bien una medida de distracción que aprueba la Administración para evitar que se haga una batida en toda la zona donde se están produciendo los daños. Eso los lleva a pensar que la Administración protege al jabalí y a continuación comienza el conflicto con los cazadores, que se ven como un elemento colaborador de la estrategia de la Administración y no como la solución que son.

Resulta que esto que hemos aprendido después de unos años de funcionamiento ya no nos parece tan raro, puesto que, en el control de poblaciones de lobo, también algunos decían que la medida más efectiva era la realización de esperas y de nuevo la práctica ha demostrado que los números no dicen precisamente eso, incluso en la propia Galicia. Y lo del desencame con perros atraillados no parece ser efectivo en todos los casos, por lo que es una medida que se queda pequeña cuando el problema de daños tiene unas dimensiones considerables.

GESTION PREVENTIVA
El hecho es que, llegados a este punto de análisis, debemos plantearnos también si seguimos aplicando las medidas a nivel curativo o lo hacemos a nivel preventivo. Es decir, que no nos parecería nada descabellado que si la Sociedad de Cazadores titular de un Tecor es avisada por sus agricultores de que hay indicios de que el jabalí está merodeando por sus cultivos, está pudiera actuar de forma inmediata. Y cuando decimos “de forma inmediata”, nos referimos a las horas inmediatamente posteriores al aviso recibido y no a uno o dos días después.

El principal atranco que nos podríamos encontrar sería la necesidad de contar con la autorización administrativa para efectuar este tipo de “acciones Express”, por lo que se podría barajar como posible solución, comunicar con un antelación determinada a la Administración la intención de actuar en las zonas donde habitualmente surjan daños; y remitir después un email o un fax al Servicio Provincial de Conservación da Natureza avisando de la realización efectiva de cada una de las acciones de disuasión, con una antelación de unas horas (sin exceder las 24 horas). 

De esta forma, las Sociedades de cazadores podrían crear y mantener uno o varios grupos de intervención preventiva, que pudieran ser activados de inmediato para actuar a demanda del agricultor que detecta los primeros indicios del daño. O incluso cuando no habiendo daños aún, se quiera que los canes dejen sus olores en el cultivo y alerten con sus ladridos a los jabalíes que se encuentren en las proximidades. Imagínese hasta que punto pudiera ser efectivo el sistema, si en estos grupos de intervención preventiva estuvieran incluidos cazadores que también fueran agricultores. Sin lugar a duda las posibilidades de que se generase un conflicto entre colectivos serían prácticamente nulas. Y todo ello sin pedir que la Administración se implicase más allá de lo que viene haciendo, solo asumiendo las mismas labores de control que pueden estar desarrollando ahora los agentes facultativos medioambientales, cada vez que se solicita una acción posterior a un daño ya producido. 

Estas medidas preventivas podrían ser de tres tipos: 

- La disuasión con perros atraillados (un cazador con hasta dos perros).
- La disuasión con un grupo de perros sueltos (un máximo de seis cazadores y de doce perros).
- La realización de una batida sin armas (entre 10 y 30 cazadores y un máximo de 30 perros). 

Para que el sistema sea verdaderamente efectivo, deben ser los cazadores y los propios agricultores afectados los que valoren la gravedad de la situación y elijan cual de las tres formas de disuasión aplican de forma inmediata. Solo así se podría conseguir una verdadera efectividad. 

En la práctica, sería suficiente con avisar a la Administración, al menos una hora antes, de la realización de las acciones de disuasión con perros atraillados y con un grupo de perros sueltos; y con una antelación de al menos doce horas de cuando se trate de batidas sin armas. Es decir, que se elegiría para empezar una de las tres acciones posibles y se podrían repetir la misma varias veces hasta mitigar el problema; o si la opción inicialmente elegida se viera que no es efectiva, se podría elegir cualquiera de las otras dos disponibles o incluso alternarlas. Pero siempre teniendo claro que se trata de medidas preventivas de choque con el único fin de conseguir que el problema abandone lo antes posible la zona de cultivo. 

Una vez aplicadas estas medias preventivas, si el agricultor comprueba que no se obtiene el resultado deseado, el siguiente paso sería realizar una espera nocturna o una batida con armas par tratar de eliminar ese núcleo de resistencia. Para ello sería necesario también establecer el protocolo administrativo a seguir, si bien parece muy sencillo resolver este problema aplicando el mismo sistema que se utiliza para los recechos de corzo, donde se debe comunicar con una antelación mínima de 24 horas (48 horas si hay un día no laborable por el medio) la realización de la acción de eliminación al Servicio de Conservación da Natureza y al Seprona. Estas acciones se deberían poder realizar en cualquier día de la semana, cuando se apliquen fuera del período hábil de caza.

Y una vez empezada la temporada de caza a mediados del mes de agosto, sería fundamental mantener ese contacto con los agricultores, mediante reuniones de planificación a nivel local o incluso comarcal, de manera que las primeras batidas las pudiéramos dirigir a esas zonas calientes. A modo de ejemplo, en el caso de las comarcas que tienen soutos de castañas y a la vista de lo que ha sucedido en los dos últimos años y de lo que va a suceder en los sucesivos, también sería muy efectivo que cazáramos en esas manchas los días previos al comienzo de la recogida del fruto. Puesto que la castaña es un plus de ingresos que está permitiendo a muchas zonas mantener unos niveles de población en el rural mucho más elevados de lo que es habitual, por la riqueza directa que genera. Lo mismo se podría aplicar en las comarcas que cuenten con viñedos, por poner otro ejemplo.

Está claro que dentro de nuestro colectivo de cazadores hay compañeros a los que todo esto que estamos planteando directamente les rechina, pues entienden que tienen perfecto derecho a practicar la caza sobre unas poblaciones abundantes que les proporcionen jornadas de muchas capturas en compañía de sus amigos e invitados de otros Tecores; entre otras cosas porque pagamos una licencia de caza y las Sociedades de Cazadores también pagan tasas anuales para que se les permita cazar en los Tecores de su titularidad. Es decir, que prefieren desvincularse del problema y plantear que sea la Administración la que le ponga solución, cuando ya hemos visto que por ese camino solo vamos a la confrontación directa con los agricultores afectados. Pero también deben tener en cuenta que con la legislación actual somos responsables de esos daños y por lo tanto, no podemos poner en peligro la viabilidad de nuestros Tecores. Puesto que, si se empiezan a pedir daños patrimoniales a los cazadores, se llegará rápidamente a una situación económica insostenible que llevará a la disolución de los Tecores y que eso mismos terrenos se conviertan en zonas libres, donde la caza mayor solo se podrá practicar una vez a la semana por sorteo, con el consiguiente perjuicio para los mismos cazadores y agricultores. Así que ya podemos ir recapacitando sobre este asunto, puesto que las posturas de enroque no llevan a nada bueno para ninguna de las partes.

Además, sería deseable que desde el colectivo de los agricultores se entienda también que todo esto que estamos planteando aquí supone para las Sociedades de Cazadores un gran esfuerzo y una dedicación que va más allá de la práctica cinegética meramente recreativa, por no hablar de convertirse en una nueva causa de conflictos internos para los propios cazadores. Solo entendiendo los esfuerzos que debe asumir cada una de las partes implicadas, seremos capaces de centrarnos en tratar de arreglar este grave problema.

Y no nos hemos olvidado de las otras medidas preventivas, como son la colocación de pastores eléctrico o la alimentación disuasoria, pero a la vista de las experiencias que muchas Sociedades de cazadores han ido adquiriendo con ellas, a estas alturas de la película, no está el rural precisamente en condiciones para pedirle que invierta o gaste dinero en cerrar fincas o colocar tendidos eléctricos, dado que, ante la cada vez menor presencia policial en el campo, los amigos de lo ajeno arrasan con todo, al mismo tiempo que los rendimientos que obtienen de los productos de sus explotaciones son cada vez menores. En cuando a la alimentación disuasoria, es un método que supone regar una y otra vez las pistas de los Tecores con granos de maíz, pero no parece ser tan efectiva como nos contaron y el coste de mano de obra y alimento, no parece compensar los pobres resultados obtenidos. 

Aunque también es cierto que la Administración no se ha molestado en hacer pruebas sobre estos métodos y solo se limitan a escuchar las pocas experiencias que algunos cazadores cuentan una y otra vez en las reuniones, nada más. Los mismos que hace unos años ya tenían preparado un bonito manual de prevención de daños, con el que esperaban sacarse un plus bajo mano después de que la Administración les pagara los costes de su publicación. Pero aquello quedó en un cajón y por una vez, parece que los pícaros no se salieron con la suya.


CAMBIO DE MENTALIDAD DEL CAZADOR DE JABALÍ
La obligada empatía que debemos mostrar con nuestros compañeros del rural debería ser más que suficiente para que nos empecemos a replantear que a día de hoy casi ya no estamos ejerciendo una actividad de ocio, sino más bien de control de poblaciones, en lo que al jabalí se refiere. Y esto es así, porque es lo que toca en este tiempo, de igual forma que hace veinte años muchos empezaron a dejar a un lado la caza menor y se adentraron en el mundo del jabalí y los corzos. ¿Qué diferencia hay entonces con lo que está pasando ahora? No estamos ante un medio cinegético estable, sino todo lo contrario. Vamos adaptándonos a lo que la naturaleza nos va poniendo delante y en este momento pensamos que estamos ante un nuevo e importante cambio, que hará que cambiemos nuestra forma de gestionar y cazar el jabalí.

Evidentemente estos planteamientos y las posibles soluciones que se han puesto sobre la mesa para salvar los atrancos administrativos son solamente una propuesta para comenzar un debate necesario que nos lleve a buscar nuevas soluciones para que la problemática que tenemos con los daños se mitigue lo más posible y no sobrepase el umbral de la capacidad de carga social que pueden soportar las economías de nuestro rural.

Así pues, no debiéramos tener miedo en explorar nuevas soluciones entre todos, pero hagámoslo con celeridad, puesto que se trata de un tema preocupante y generador de conflictos, que, a nuestro entender, se podrían mitigar en un elevado porcentaje.

Si de verdad “somos caza social” debemos implicarnos a fondo en este asunto y demandar a la Administración que salga de su "zona de confort” y que nos escuche, siempre de la mano de nuestros compañeros los agricultores.